Durante el encuentro, entre otras resoluciones, se fortalecieron estrategias adoptadas por el Pleno del organismo para disminuir ostensiblemente el número de audiencias fallidas. Se destacó que, en menos de 90 días de gestión, se redujo la proporción de audiencias no realizadas en provincias como Loja, Azuay, Bolívar, Cañar o Carchi. Sin embargo, el Consejo reiteró su determinación para dirigir todos los esfuerzos necesarios hasta evitar audiencias fallidas que carezcan de justificación legal en todo el país.

En el taller se puntualizó que para comprender la complejidad que reviste el proceso de solución de audiencias fallidas es necesario, considerar todos sus elementos, dentro de un contexto que incluya estadísticas, estructura funcional, normativa legal y cobertura de administradores de justicia en el territorio.

El primer trimestre del 2013 se produjeron un total nacional de 26.418 audiencias fallidas, de un universo de 106.249 audiencias convocadas en todo el país, evidenciándose una relación porcentual del 24.86%. En el primer trimestre del año 2012, NO se realizaron 10.650 audiencias previstas, de un total de 50.073 que se habían fijado, dándose una proporción del 21.26%. Es decir que el incremento de 3.6% está vinculado con la elevación en 112% del total de audiencias convocadas, por razones operativas que provienen de más diligencias a cargo del mismo número de jueces, fiscales y defensores públicos.

En la discusión técnica, luego de efectuarse los comparativos correspondientes, se concluyó en que deben compararse las audiencias fallidas considerando siempre el ámbito del total de audiencias convocadas. Se determinó que en los primeros tres meses del presente año se duplicaron estas diligencias, lógica resultante del ejercicio del derecho ciudadano al acceso a la justicia, impulsado por el proceso de transformación implementado en el Ecuador, por mandato popular expresado el 7 de mayo del 2011.

En cuanto a lo orgánico-funcional, el Consejo de la Judicatura ya creó la Unidad Nacional de Coordinación de Audiencias, que garantizará el debido agendamiento y realización de diligencias, evitando que se posterguen a causa de la ausencia de alguna persona convocada. Se sancionará a quienes no utilicen la herramienta informática para este propósito.

Sobre lo normativo, en el taller se profundizó el contenido de las instrucciones específicas originadas en el Pleno del Consejo de la Judicatura semanas atrás, dirigidas a los Directores Provinciales del organismo, puntualizando su obligación de vigilar y adoptar acciones inmediatas para que las audiencias señaladas se lleven a cabo oportunamente. Se advirtió que se sancionará, con el mayor rigor permitido por la Ley, a servidores judiciales y abogados privados que por su acción u omisión provoquen la NO realización de audiencias. También se compartió la necesidad de incluir en el proceso de reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, las disposiciones que viabilicen la intervención de los defensores públicos desde la primera convocatoria a audiencia.

El Consejo de la Judicatura también trató respecto de la carga procesal. Para satisfacer las necesidades de jueces y fiscales están convocados los procesos respectivos. A inicios de mayo del 2013 se posesionarán jueces y juezas a nivel nacional, en todas las materias.

Estamos comprometidos con los derechos ciudadanos y precautelamos que los operadores de justicia, incluyendo a los abogados en libre ejercicio profesional, acaten sus obligaciones, cumpliendo estrictamente con las diligencias procesales señaladas.

Somos parte de la convicción colectiva que ansía servicio oportuno y lucha contra la impunidad.

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN